Punto De Referencia

Son varios los gobiernos –no solamente Ecuador, Chile, Brasil, Argentina, y también Colombia- que deben revisar su política económica y social, replanteando las relaciones con la población, independizando sus decisiones de organismos como el FMI o la OCDE –que recomiendan medidas como “la reducción de los costos laborales”, la “revisión del salario mínimo” o regresivas reformas pensionales-, y dando prioridad a la solución de las necesidades insatisfechas de la población (en especial la de menores recursos), a la salud, la seguridad social, la educación, el trabajo en condiciones dignas, con miras a la realización del Estado Social de Derecho. El capitalismo salvaje y el neoliberalismo –que en el caso colombiano no responden a los principios constitucionales- ya no son la respuesta frente a los reclamos y protestas de la ciudadanía. La Constitución colombiana consagra, como característica esencial de la organización política, el Estado Social y Democrático de Derecho, que la Corte Constitucional colombi

Es muy grave -demasiado grave- que, lejos de disminuir, aumenten día por día en territorio colombiano los crímenes cometidos -al parecer por parte de autores de distinto origen- contra líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, indígenas, desmovilizados...Que el número de víctimas se haya incrementado de manera alarmante, y predomine impunemente, sin una actividad estatal que pueda controlar el baño de sangre que afecta a varias regiones, nos ha llevado ya, sin duda, a una crisis humanitaria fuera de control. Hoy amanecemos con la espantosa realidad según la cual, en Tacueyó -vereda de Luz-, municipio de Toribío (Cauca) cinco personas (Cristina Bautista, representante de autoridad indígena y cuatro guardias de la misma comunidad) fueron cobardemente asesinadas por sicarios. Y hay varios heridos. Una verdadera masacre, que será noticia por unas horas; dirán las autoridades que la Fiscalía investigará; agregará que sobre los asesinos "caerá todo el peso de la ley"; y nuevos hechos ocuparan los titula

Los resultados de las elecciones llevadas a cabo este 27 de octubre merecen detenido análisis y deben mover a la reflexión sobre el rumbo de la política, el gobierno y la administración en el futuro inmediato. Se destaca especialmente el hecho del triunfo - en varias ciudades y departamentos- de movimientos independientes y ciudadanos contra las maquinarias, la corrupción y las posiciones políticas extremas. Claro, con excepciones. Es muy importante destacar que personas de extracción popular -como Claudia López en Bogotá - hayan llegado a los puestos de comando. Y que también hayan triunfado mujeres, como en los casos de la alcaldía de Bogotá y de la gobernación del Valle del Cauca. Y muchos jóvenes acceden a las gobernaciones, las alcaldías, las asambleas y los concejos. Desde el punto de vista político, resulta ostensible la derrota sufrida en la mayoría de las regiones por el partido de gobierno, el Centro Democrático. Ello debe mover a reflexión en la Casa de Nariño, en particular acerca de la ya de

Invocando la necesidad de cumplir una sentencia de la Corte Constitucional (SU-096 de 2018), el Gobierno, por conducto del Ministerio de Salud, proyecta reglamentar, mediante resolución, el aborto, en los casos en que la Corte ha dictaminado que es lícito. La Corte Constitucional, en el mencionado fallo de unificación, impartió dos órdenes contradictorias: "EXHORTAR al Congreso de la República para que, en ejercicio de su potestad de configuración legislativa, regule el derecho fundamental a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, avanzando en la protección de los derechos fundamentales de las mujeres y buscando eliminar las barreras aún existentes para el acceso a la IVE. “ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social que, en el término de seis (6) meses, contados desde la notificación de esta providencia, emita una regulación única en la cual se garantice la interrupción voluntaria del embarazo en los casos despenalizados en la sentencia C-355 de 2006. Para el efecto, deberá aplicar y desarrollar las

Sentido homenaje han rendido la Universidad Sergio Arboleda y en general el mundo académico al doctor Rodrigo Noguera Laborde a propósito del centenario de su nacimiento, celebrado este 22 de octubre. Muy atinadas reflexiones de su hijo Rodrigo Noguera Calderón - actual rector de la Universidad-, y del Presidente de la República, Iván Duque, egresado de la misma. Fui alumno del Dr. Noguera en la Universidad Javeriana, aprendí mucho de él, recibí sus sabios consejos, y durante dos años tuve el honor de acompañarlo como Vicerrector de la Sergio Arboleda. Era un filósofo y un jurista. Estaba convencido de que solamente en una pulcra y recta aplicación del Derecho y la Justicia reside el éxito de un Estado en la configuración de la sociedad democrática . Para ello es necesaria una completa formación de los juristas en el Derecho y en la Ética. Su permanente actualización. La entrega y la consagración , todos los días, al estudio de la ciencia jurídica. La visión clara de los hechos y sus desarrollos a la luz

Desde su supresión en 1910, se ha propuesto varias veces el restablecimiento de la pena de muerte. En la Constitución de 1886 estaba prevista en los siguientes términos: "Sólo impondrá el Legislador la pena capital para castigar, en los casos que se definan como más graves, los siguientes delitos, jurídicamente comprobados, a saber: traición a la Patria en guerra extranjera, parricidio, asesinato, incendio, asalto en cuadrilla de malhechores, piratería, y ciertos delitos militares definidos por las leyes del ejército". El artículo 3 del Acto Legislativo 3 de 1910 dispuso sencillamente: "El legislador no podrá imponer la pena capital en ningún caso". Colombia ha celebrado y ratificado Tratados Internacionales en que se comprometió a no introducir la pena capital en sus instituciones. La Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José de Costa Rica) dispuso en su artículo 4: "En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en

Al parecer, el Gobierno prefiere dar trámite - en lo que queda del período legislativo - al nuevo proyecto de Ley de Financiamiento (reforma tributaria), tras la declaración de inconstitucionalidad diferida del texto anterior, y postergará los proyectos de reforma laboral y pensional, que había calificado como urgentes. Habrá, entonces, mensaje de urgencia en lo tributario, y ojalá se emprenda - entre tanto - un estudio acerca de lo laboral y pensional, con el fin de eliminar -como lo prometió en estos días el Presidente de la República- elementos contrarios a los derechos y garantías para trabajadores y pensionados, según propuestas que se han venido formulando por parte de altos funcionarios y voceros de gremios. Fórmulas como la contratación por horas, la supresión de las horas extras y del recargo por trabajo en dominicales y festivos, la reducción del salario mínimo para menores de 25 años, la eliminación de COLPENSIONES, el traslado del sistema de fondos privados a COLPENSIONES, el incremento de las c

La sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible la Ley 1943 de 2018, conocida como "Ley de Financiamiento", deja varios elementos para el análisis y también para la pedagogía constitucional: -En primer lugar, queda claro una vez más que el control de constitucionalidad debe ser ejercido por la Corte Constitucional -que tiene a cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política- en plena y total independencia. En estricto Derecho. Confrontando las normas y los procesos de aprobación de las mismas con la preceptiva constitucional. No según las presiones, ni por temor a pronósticos fatales que buscan asustar a los magistrados y llamarlos al prevaricato, pretendiendo que se declare ajustado a la Constitución lo que, por el contrario, es violatorio de la misma. La delicada función de un tribunal constitucional consiste en preservar la vigencia de la Constitución, de sus principios y de sus reglas. No le corresponde obrar según las conveniencias gubernamentales, ni los intereses eco

La Corte Constitucional está próxima a resolver acerca de las varias demandas instauradas contra la denominada Ley de Financiamiento. Sobre la Corte siempre ha habido presiones, particularmente en lo relativo a los efectos económicos de sus fallos. Recuerdo que, siendo Magistrado, no faltaron los economistas, los columnistas y los editoriales que pretendieron influir en decisiones trascendentales como las que hubo de adoptar la Corte en asuntos como el Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002, la vigencia del sistema UPAC, la UVR, el salario mínimo frente al IPC, los límites a la información de las centrales de datos, la responsabilidad de las EPS, o los principios, garantías y derechos laborales. Por supuesto, la Corte falló siempre en Derecho, sin prestar atención a las presiones, ni a las reacciones posteriores. Pero quizá nunca antes como ahora se había visto que las presiones y amenazas sobre la Corte hubieran adquirido la magnitud de las actuales, no solamente en cuanto a la Ley de Financiamiento, sino en

A propósito de la indagatoria al ex presidente y senador Álvaro Uribe y de la detención de la hija de Aída Merlano -sucesos alrededor de los cuales ha girado en estos días la actividad de las redes sociales y de los medios de comunicación- , caben varios comentarios: -En primer lugar, es bueno reiterar que en ambos casos debe ser observado el principio constitucional de la presunción de inocencia, la cual únicamente puede ser desvirtuada por sentencia judicial en firme y definitiva, como lo señalan el artículo 29 de la Constitución y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. Y hemos visto que, en ocasiones, tal principio se olvida, y se parte del supuesto erróneo según el cual la sola indagatoria o la privación de la libertad significan una condena. -En segundo lugar, las marchas, las arengas, las pancartas, las manifestaciones de los partidarios y contradictores del ex presidente Uribe no deben ni pueden influir en las providencias o trámites judiciales. Lo deben entender los unos y los otros. Se