Punto De Referencia

Son varios los gobiernos –no solamente Ecuador, Chile, Brasil, Argentina, y también Colombia- que deben revisar su política económica y social, replanteando las relaciones con la población, independizando sus decisiones de organismos como el FMI o la OCDE –que recomiendan medidas como “la reducción de los costos laborales”, la “revisión del salario mínimo” o regresivas reformas pensionales-, y dando prioridad a la solución de las necesidades insatisfechas de la población (en especial la de menores recursos), a la salud, la seguridad social, la educación, el trabajo en condiciones dignas, con miras a la realización del Estado Social de Derecho. El capitalismo salvaje y el neoliberalismo –que en el caso colombiano no responden a los principios constitucionales- ya no son la respuesta frente a los reclamos y protestas de la ciudadanía. La Constitución colombiana consagra, como característica esencial de la organización política, el Estado Social y Democrático de Derecho, que la Corte Constitucional colombi

Es muy grave -demasiado grave- que, lejos de disminuir, aumenten día por día en territorio colombiano los crímenes cometidos -al parecer por parte de autores de distinto origen- contra líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, indígenas, desmovilizados...Que el número de víctimas se haya incrementado de manera alarmante, y predomine impunemente, sin una actividad estatal que pueda controlar el baño de sangre que afecta a varias regiones, nos ha llevado ya, sin duda, a una crisis humanitaria fuera de control. Hoy amanecemos con la espantosa realidad según la cual, en Tacueyó -vereda de Luz-, municipio de Toribío (Cauca) cinco personas (Cristina Bautista, representante de autoridad indígena y cuatro guardias de la misma comunidad) fueron cobardemente asesinadas por sicarios. Y hay varios heridos. Una verdadera masacre, que será noticia por unas horas; dirán las autoridades que la Fiscalía investigará; agregará que sobre los asesinos "caerá todo el peso de la ley"; y nuevos hechos ocuparan los titula

Los resultados de las elecciones llevadas a cabo este 27 de octubre merecen detenido análisis y deben mover a la reflexión sobre el rumbo de la política, el gobierno y la administración en el futuro inmediato. Se destaca especialmente el hecho del triunfo - en varias ciudades y departamentos- de movimientos independientes y ciudadanos contra las maquinarias, la corrupción y las posiciones políticas extremas. Claro, con excepciones. Es muy importante destacar que personas de extracción popular -como Claudia López en Bogotá - hayan llegado a los puestos de comando. Y que también hayan triunfado mujeres, como en los casos de la alcaldía de Bogotá y de la gobernación del Valle del Cauca. Y muchos jóvenes acceden a las gobernaciones, las alcaldías, las asambleas y los concejos. Desde el punto de vista político, resulta ostensible la derrota sufrida en la mayoría de las regiones por el partido de gobierno, el Centro Democrático. Ello debe mover a reflexión en la Casa de Nariño, en particular acerca de la ya de

Invocando la necesidad de cumplir una sentencia de la Corte Constitucional (SU-096 de 2018), el Gobierno, por conducto del Ministerio de Salud, proyecta reglamentar, mediante resolución, el aborto, en los casos en que la Corte ha dictaminado que es lícito. La Corte Constitucional, en el mencionado fallo de unificación, impartió dos órdenes contradictorias: "EXHORTAR al Congreso de la República para que, en ejercicio de su potestad de configuración legislativa, regule el derecho fundamental a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, avanzando en la protección de los derechos fundamentales de las mujeres y buscando eliminar las barreras aún existentes para el acceso a la IVE. “ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social que, en el término de seis (6) meses, contados desde la notificación de esta providencia, emita una regulación única en la cual se garantice la interrupción voluntaria del embarazo en los casos despenalizados en la sentencia C-355 de 2006. Para el efecto, deberá aplicar y desarrollar las

Sentido homenaje han rendido la Universidad Sergio Arboleda y en general el mundo académico al doctor Rodrigo Noguera Laborde a propósito del centenario de su nacimiento, celebrado este 22 de octubre. Muy atinadas reflexiones de su hijo Rodrigo Noguera Calderón - actual rector de la Universidad-, y del Presidente de la República, Iván Duque, egresado de la misma. Fui alumno del Dr. Noguera en la Universidad Javeriana, aprendí mucho de él, recibí sus sabios consejos, y durante dos años tuve el honor de acompañarlo como Vicerrector de la Sergio Arboleda. Era un filósofo y un jurista. Estaba convencido de que solamente en una pulcra y recta aplicación del Derecho y la Justicia reside el éxito de un Estado en la configuración de la sociedad democrática . Para ello es necesaria una completa formación de los juristas en el Derecho y en la Ética. Su permanente actualización. La entrega y la consagración , todos los días, al estudio de la ciencia jurídica. La visión clara de los hechos y sus desarrollos a la luz

Desde su supresión en 1910, se ha propuesto varias veces el restablecimiento de la pena de muerte. En la Constitución de 1886 estaba prevista en los siguientes términos: "Sólo impondrá el Legislador la pena capital para castigar, en los casos que se definan como más graves, los siguientes delitos, jurídicamente comprobados, a saber: traición a la Patria en guerra extranjera, parricidio, asesinato, incendio, asalto en cuadrilla de malhechores, piratería, y ciertos delitos militares definidos por las leyes del ejército". El artículo 3 del Acto Legislativo 3 de 1910 dispuso sencillamente: "El legislador no podrá imponer la pena capital en ningún caso". Colombia ha celebrado y ratificado Tratados Internacionales en que se comprometió a no introducir la pena capital en sus instituciones. La Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José de Costa Rica) dispuso en su artículo 4: "En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en

Al parecer, el Gobierno prefiere dar trámite - en lo que queda del período legislativo - al nuevo proyecto de Ley de Financiamiento (reforma tributaria), tras la declaración de inconstitucionalidad diferida del texto anterior, y postergará los proyectos de reforma laboral y pensional, que había calificado como urgentes. Habrá, entonces, mensaje de urgencia en lo tributario, y ojalá se emprenda - entre tanto - un estudio acerca de lo laboral y pensional, con el fin de eliminar -como lo prometió en estos días el Presidente de la República- elementos contrarios a los derechos y garantías para trabajadores y pensionados, según propuestas que se han venido formulando por parte de altos funcionarios y voceros de gremios. Fórmulas como la contratación por horas, la supresión de las horas extras y del recargo por trabajo en dominicales y festivos, la reducción del salario mínimo para menores de 25 años, la eliminación de COLPENSIONES, el traslado del sistema de fondos privados a COLPENSIONES, el incremento de las c

La sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible la Ley 1943 de 2018, conocida como "Ley de Financiamiento", deja varios elementos para el análisis y también para la pedagogía constitucional: -En primer lugar, queda claro una vez más que el control de constitucionalidad debe ser ejercido por la Corte Constitucional -que tiene a cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política- en plena y total independencia. En estricto Derecho. Confrontando las normas y los procesos de aprobación de las mismas con la preceptiva constitucional. No según las presiones, ni por temor a pronósticos fatales que buscan asustar a los magistrados y llamarlos al prevaricato, pretendiendo que se declare ajustado a la Constitución lo que, por el contrario, es violatorio de la misma. La delicada función de un tribunal constitucional consiste en preservar la vigencia de la Constitución, de sus principios y de sus reglas. No le corresponde obrar según las conveniencias gubernamentales, ni los intereses eco

La Corte Constitucional está próxima a resolver acerca de las varias demandas instauradas contra la denominada Ley de Financiamiento. Sobre la Corte siempre ha habido presiones, particularmente en lo relativo a los efectos económicos de sus fallos. Recuerdo que, siendo Magistrado, no faltaron los economistas, los columnistas y los editoriales que pretendieron influir en decisiones trascendentales como las que hubo de adoptar la Corte en asuntos como el Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002, la vigencia del sistema UPAC, la UVR, el salario mínimo frente al IPC, los límites a la información de las centrales de datos, la responsabilidad de las EPS, o los principios, garantías y derechos laborales. Por supuesto, la Corte falló siempre en Derecho, sin prestar atención a las presiones, ni a las reacciones posteriores. Pero quizá nunca antes como ahora se había visto que las presiones y amenazas sobre la Corte hubieran adquirido la magnitud de las actuales, no solamente en cuanto a la Ley de Financiamiento, sino en

A propósito de la indagatoria al ex presidente y senador Álvaro Uribe y de la detención de la hija de Aída Merlano -sucesos alrededor de los cuales ha girado en estos días la actividad de las redes sociales y de los medios de comunicación- , caben varios comentarios: -En primer lugar, es bueno reiterar que en ambos casos debe ser observado el principio constitucional de la presunción de inocencia, la cual únicamente puede ser desvirtuada por sentencia judicial en firme y definitiva, como lo señalan el artículo 29 de la Constitución y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. Y hemos visto que, en ocasiones, tal principio se olvida, y se parte del supuesto erróneo según el cual la sola indagatoria o la privación de la libertad significan una condena. -En segundo lugar, las marchas, las arengas, las pancartas, las manifestaciones de los partidarios y contradictores del ex presidente Uribe no deben ni pueden influir en las providencias o trámites judiciales. Lo deben entender los unos y los otros. Se

Algunos no han podido entender que los jueces y magistrados - que tienen a cargo la delicada función de administrar justicia- no dictan sus providencias según la conveniencia política o económica, sino de conformidad con el Derecho. Por ello, una de las características esenciales de la administración de justicia consiste en su independencia. Hay quienes proponen que la Corte Constitucional, en vez de examinar las normas de las que conoce frente a la Constitución, las confronte con la situación de la economía, y que, por tanto, las declare exequibles aunque sea ostensible y clara su inconstitucionalidad por razones de forma o de fondo. Las decisiones de los jueces merecen respeto, sin perjuicio de los recursos que contra ellas puedan ser interpuestos, o de la crítica posterior que sobre su sentido y contenido haga la Academia. No dependen del apoyo popular, ni de lo que señalen los editoriales, las encuestas o las estadísticas. Ni tampoco de las marchas o manifestaciones a favor o en contra de algo o de al

En extraña sentencia, la Corte Constitucional dijo proteger los derechos fundamentales de un niño de 10 años que quería cambiar de sexo y de nombre y ordenó al notario correspondiente que, sin necesidad de prueba o certificado médico alguno -solamente por la manifiesta voluntad del menor- modificara los datos del registro civil de nacimiento, con sexo y nombre diferentes. Sostuvo la Corte que que en el ordenamiento jurídico colombiano "no existe un mecanismo notarial para la modificación del elemento sexo del estado civil de los menores de edad y que esta omisión es consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado de garantizar y proteger el desarrollo de la identidad de las personas, el cual se refuerza en los casos de los menores de edad, que son sujetos de especial protección constitucional". Dijo también que “(…) la protección de las diversas manifestaciones de la identidad de género no puede estar sujeta a pruebas médicas, legales o administrativas dirigidas a demostrar o ratificar

La noticia del día - y lo será durante mucho tiempo- es la cinematográfica fuga de la ex congresista Aída Merlano. Más allá de la burla y el ridículo en que quedaron de nuevo nuestro sistema carcelario y las reglas penitenciarias, lo cierto es que este caso, como el de alias "Jesús Santrich", deben mover a la reflexión y al análisis. Una reflexión y un análisis lo suficientemente serios como para que hechos como este no se repitan. O sean menos frecuentes. En primer lugar, el delito del que se trata - fuga de presos - no fue algo individual (pensado y ejecutado solamente por la protagonista) sino colectivo. Es decir, hubo cómplices, cuya cooperación era indispensable para que el escape de Merlano fuera exitoso. Entonces, hubo concierto para delinquir. ¿Quiénes participaron y cómo? Por otro lado, no hay duda en el sentido de que todo fue planificado en todos sus detalles. ¿Desde cuándo y cómo se preparó la fuga? ¿Cómo se pudo comunicar la ex congresista con sus cómplices para coordinar las acciones ejecutad

A propósito de marchas y reuniones públicas organizadas por distintos sectores para expresar disensos, reclamar derechos o criticar decisiones o políticas gubernamentales, reiteramos que el derecho a la protesta social es fundamental en una genuina democracia y está garantizado en las constituciones políticas y en los Tratados Internacionales. El principio democrático no se cumple si los gobernantes se empeñan en impedir, dificultar o sancionar a los ciudadanos por causa de su legítimo ejercicio. Pero no se debe confundir el uso de ese derecho –derivado de la libertades de expresión individual y colectiva, de reunión y de oposición política, entre otras- con los desafueros propios de la violencia, el delito, la perturbación de la tranquilidad pública, el daño a personas, el ataque a bienes públicos o privados, la interrupción de servicios públicos, el sabotaje al transporte o el indebido bloqueo a la libre locomoción de la ciudadanía. Según nuestra Constitución, el Estado debe brindar plena garantía a las d

Con todo respeto hacia el Presidente Duque, debemos decir que ha de tener más cuidado al comprometerse con su respaldo a documentos que le han preparado y que él no ha revisado. Lo entendemos. Lo hace por la confianza que deposita en sus asesores y subalternos. Pero ya la experiencia muestra que esa confianza no puede ser tan grande como para comprometer su propia palabra ante un foros académicos, instituciones o tribunales, y todavía con mayor razón ante gobiernos extranjeros u organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas, ONU. No se olvide que, en estos últimos casos, el que se compromete no es Iván Duque como persona, sino el Jefe del Estado colombiano. Es decir, se compromete Colombia. Y en el caso del documento presentado ante la Asamblea General de la ONU por nuestro Jefe de Estado, con el objeto de demostrar lo que todos sabemos - que Venezuela acoge a guerrilleros y terroristas colombianos-, el Presidente comprometió al Estado colombiano, pero su palabra perdió credibilidad

Durante la semana que termina, a la protesta de los conductores informales -contra la suspensión y cancelación de sus licencias- se unió la de estudiantes de universidades públicas, como la Distrital, quienes –apoyados por estudiantes de la Javeriana- denunciaban problemas de corrupción en el interior de las mismas. En algunas marchas surgió innecesaria y reprochable violencia, como la desplegada en las proximidades de la Universidad Pedagógica. Pero la protesta de hoy es distinta. Protestan estudiantes de varias universidades públicas y privadas por los abusos del ESMAD en varios lugares de la capital de la República. Deben hacerlo -es nuestro llamado- de manera pacífica y tranquila. Desde luego, como siempre lo decimos, las autoridades de policía y controlar el orden público. Pero a su vez no pueden incurrir en el uso indebido, desmedido y excesivo de la fuerza, como infortunadamente ocurrió en Bogotá, cuando las fuerzas policiales del ESMAD invadieron los predios de la Universidad Javeriana y atacaro

Los conductores, y ahora muchos taxistas, siguen en protesta contra las autoridades de tránsito por la aplicación de las normas vigentes, según las cuales la reincidencia en las infracciones es sancionada con la suspensión o cancelación definitiva de la licencia de conducción. Es equivocado el procedimiento escogido contra las normas y las sanciones , pues en el sistema jurídico existen vías para reivindicar los derechos si son violados en casos particulares. Pero si, en gracia de la discusión, cabe la protesta para pedir que se cambien o deroguen las normas, ella tiene que desarrollarse en forma pacífica, como resulta de la Constitución. Como lo hemos dicho varias veces, la violencia, el abuso, el bloqueo de vías, el perjuicio a la comunidad, la amenaza y la agresión contra los ciudadanos y contra los transportadores que quieren trabajar, la destrucción y la obstrucción... no hacen parte de la libertad de expresión, ni de la libertad de reunión, ni del derecho a la protesta, garantizados en la Constitució

Los principios son las superiores directrices de la vida individual, de las colectividades y del Estado. Son los fundamentos indispensables de la comunidad y señalan el derrotero que deben seguir ella y los seres humanos que la componen. Trazan las líneas básicas provenientes de los valores en que se funda el orden aceptado por la sociedad respectiva, de cuya observancia dependen la vida en el interior de la aquélla y la convivencia. No necesitan estar consagrados de manera expresa en el articulado de la Constitución, aunque pueden estarlo, y normalmente están desarrollados en normas de distinta jerarquía, que consagran las reglas propias del sistema jurídico. Lo que estamos viendo en Colombia en esta época, en distintos campos, no es otra cosa que la inobservancia de los principios y la efectiva pérdida de vigor de las reglas. No me refiero a los principios morales o religiosos aunque también se han visto afectados, sino a los jurídicos y a los de la ética política y a los de la ética profesional. Basta

Como egresado y profesor de la Universidad Javeriana, no puedo menos de expresar la conmoción y la tristeza que a todos nos produce el suicidio de un estudiante de la Institución. Una verdadera tragedia cuyas causas se desconocen, y que nos mueve a la reflexión. El de este joven es apenas uno más de los muchos casos de suicidio que se están presentando en distintas ciudades del país, y que pasan desapercibidos en medio de las informaciones, noticias y debates en los que se ocupa la opinión pública. Según informaba hace poco el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, solamente entre enero y marzo de este año se registraron un total de 592 casos de suicidios en territorio colombiano. En 2017, según Medicina Legal, se presentaron 2.571 casos. Otro tanto en 2018. Y señala el Instituto que casi el 70% del país sigue en un aumento en materia de suicidios. Un aumento del 10% en el país. Fundaciones privadas especializadas en la prevención del suicidio dicen haber atendido este año más de 4000 casos de p

Ha sido aplazado el momento de la decisión, pero hasta ahora, todo indica que la Corte Constitucional tendrá que declarar inexequible la Ley de Financiamiento - no sabemos si lo hará con la contundencia y claridad que corresponde-, por cuanto en el curso de su trámite se presentaron varios vicios de forma que afectan todo el articulado. Al parecer, los vicios de trámite no solo afectan a la Ley de Financiamiento sino sobre todo a la del Plan Nacional de Desarrollo, y ello es muy grave. Hemos de reiterar que la observancia de los requisitos exigidos en la Constitución no es algo de mínima importancia, por encima de lo cual se pueda pasar sin consecuencias en el control de constitucionalidad con el argumento de la Importancia y trascendencia del contenido de lo que ha sido indebidamente aprobado. En efecto, se trata, ni más ni menos, de la expedición de las normas de mayor jerarquía después de la Constitución, llamadas a regir la vida de la sociedad y del Estado, y por tanto no puedan ser puestas en vige